El Informe describe el contexto socio laboral, las condiciones de trabajo, los daños a la salud, y el impacto de la crisis, comparando el periodo previo 2001-2007 con el posterior 2008-2010. Asimismo se detallan una serie de recomendaciones con el objetivo de facilitar una salida de la crisis sin el coste añadido del deterioro de la salud de las personas que trabajan.

La presentación del estudio ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de Valencia, con la participación de la directora del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat de Valencia, Ana Mª García; el responsable de I+D+i de Unión de Mutuas, Javier Murcia, y el coordinador del Informe, Fernando Rodrigo, del Centro de Investigación en Salud Laboral, CISAL.

Según el estudio, la población a proteger por las políticas de seguridad y salud en el trabajo, al final de la primera década del siglo, ascendió a 17 millones de trabajadores, entre asalariados y autónomos. Se trata del mayor número de personas en la historia de España, a pesar de la crisis iniciada en 2008.

Los trabajadores sin ningún tipo de contrato, que declaran trabajar pero sin estar afiliados, aumentaron de forma significativa en la década, pasando de los 140.000 los primeros años, a casi un millón de personas en 2010.

Durante la década continuó la consolidación de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, debido al mayor impacto de la crisis en sectores altamente masculinizados como la construcción, la industria manufacturera y el transporte.

El incremento dramático del desempleo, del 9% en 2007 al 21% en 2010, afectó, en un primer momento, a los trabajadores manuales temporales, después a los indefinidos y finalmente, a los no manuales cualificados. Por sectores, el más afectado fue el de la construcción, pero también el comercio y la industria, con la excepción del sector público –administración, sanidad y educación- hasta 2010.

El nivel de estudios fue determinante a la hora de salir del mercado laboral. Se produjo una expulsión rápida de los hombres con estudios primarios mientras que se registró un aumento sostenido del empleo, incluso después de 2007, entre los trabajadores con estudios universitarios, especialmente entre las mujeres.

La quiebra del modelo productivo, por tanto, incrementó la precarización del empleo, la vulnerabilidad de los trabajadores manuales, de los asalariados con contrato temporal y de los jóvenes, que constituyen uno de los grupos más afectados por la crisis.

Exposición a riesgos laborales

En cuanto a la percepción a la exposición de riesgos, en los hombres hay una mayor prevalencia en los factores de riesgo higiénicos y de seguridad, y en las mujeres riesgos psicosociales y ergonómicos.

Salvo en los riesgos de lesión por cortes y pinchazos, durante estos diez años, los trabajadores no han percibido mejoras sensibles ante la exposición a la inhalación de productos tóxicos, las vibraciones, el ruido, la monotonía y los accidentes de tráfico. Especialmente, las mujeres perciben una mayor exposición a los riesgos ergonómicos, como son las posturas dolorosas, la realización de movimientos repetitivos y la manipulación de cargas pesadas.

Sobre las cuestiones relacionadas con la autopercepción de la salud, los hombres manifiestan una percepción más positiva de su estado de salud general que las mujeres. En el caso de las mujeres que trabajan manualmente sólo el 50% de este colectivo tiene una percepción en positivo.

La mortalidad por accidente de trabajo descendió a lo largo de la década, casi un 60% en los hombres y un 70% en las mujeres. El descenso fue más intenso antes de la crisis, en hombres, el descenso entre 2001-2007 fue del 40%, entre 2007 y 2010 el descenso llegó al 25%.

También en esta década se ha consolidado un modelo de gestión de prevención empresarial basado en la externalización de los Servicios de Prevención, en el que las actividades principales corresponden a la vigilancia de la salud y la evaluación de riesgos.

A pesar de qué se ha consolidado la participación de los trabajadores en la prevención, aún queda un número significativo de empresas cuyos trabajadores no cuentan con representantes legales, delegados de prevención, o no tienen constituido su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dificultando la implicación y participación en la prevención de riesgos laborales.

En el informe se detallan, también, una serie de recomendaciones para mejorar las políticas de salud tales como mantener los esfuerzos preventivos en las empresas con el objeto de contrarrestar los efectos de la crisis sobre las condiciones de trabajo, incidir en la detección y reconocimiento de las enfermedades de origen laboral con el objetivo de mejorar su prevención, impulsar la mejora de la gestión de la incapacidad laboral estableciendo programas de ayuda para la reincorporación al trabajo, y evaluar las políticas de prevención especialmente en los grupos más vulnerables como trabajadores temporales y trabajadores informales.

Asimismo, también se pone el acento sobre la importancia de impulsar una colaboración más eficiente entre las administraciones autonómicas, la administración central y las empresas, estudiar los beneficios de la prevención con la incorporación de indicadores económicos y estudiar en profundidad los efectos del envejecimiento de la población laboral sobre el sistema sanitario, la empresa y el sistema de Seguridad Social.

El director gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco, ha manifestado que la crisis está teniendo un efecto grande sobre la salud de las personas trabajadoras, por ello ha destacado que una de las principales virtudes del informe es “la transferencia de conocimiento que aporta para impactar en las políticas de los agentes económico-sociales, como son los gobiernos, las organizaciones empresariales, sindicales y los profesionales de la prevención, una transferencia de conocimiento útil para mejorar la salud laboral en las empresas”.